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ECUADOR: Audiencia Cordillera del Cóndor

Testimonio de María Angel desde Ecuador

En el año 2008 Ecuador aprobó una constitución pionera en cuanto a reconocimiento de los derechos colectivos, de las nacionalidades y derechos de la naturaleza. Sin embargo, diez años después el balance deja que desear. En concreto, los proyectos megamineros han emergido concretándose de forma violenta, especialmente sobre territorios shuar y campesinos en la Cordillera del Cóndor, violando derechos consagrados en la constitución.

Ante esto, es la misma sociedad civil quien se ha organizado para revisar las políticas del Estado ecuatoriano en materia de derechos de la naturaleza, así como los derechos colectivos e individuales vinculados, y a través de la ONG Ecologistas en Acción, lanza la “Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos”, con el fin de generar verdad, justicia y reparación para los casos de violaciones de derechos.

En ese camino, diferentes audiencias se están desarrollando a lo largo del país. La ruta que trata el tema de la minería ha sido denominada “Ruta del Jaguar”, y ha desarrollado el 2 de septiembre de 2017 en Gualaquiza (provincia de Morona Santiago) la audiencia pública sobre las afectaciones de la minería en la Cordillera del Cóndor.

Los testimonios y peritajes estuvieron a cargo de personalidades expertas en los campos de la biología, la geografía, la hidrología o la geología, así como de personas afectadas por desalojos violentos efectuados por el Estado y la empresa minera, o bien obligados por la contaminación provocada que imposibilita condiciones de vida dignas. Entre ellos, dio su testimonio como perito el padre Juan de la Cruz Rivadeneira, salesiano que lleva 30 años acompañando al pueblo shuar en la selva.

La comisión que receptó los testimonios estaba formada por miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, autoridades y chamanes del pueblo shuar, expertos internacionales en los temas mineros y una mujer lideresa criminalizada por su oposición a la minería en Perú.

Esta emitió veredicto en el que se constató que la entrada de las empresas mineras llegadas a la Cordillera del Cóndor ha generado violencia en los territorios. Para favorecer y allanar el camino a la minería, el Estado ha hecho uso de todo su aparato represivo. Desde el 2010 la violencia se ha intensificado, concretándose en desalojos forzosos violentos de comunidades enteras, destrucción de lugares emblemáticos, simbólicos, de importancia religiosa o espiritual, quema de viviendas, asedio militar, encarcelamiento y posterior judicialización de opositores y asesinatos de líderes. El modelo extractivista adoptado por el Estado ecuatoriano profundiza el modelo colonialista patriarcal, contradice el carácter plurinacional e intercultural que recoge la constitución ecuatoriana del 2008, y merma el futuro del país al ignorar los daños irreparables a la naturaleza que causa. Ante esto, se exigió, entre otros puntos, la paralización de los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos, el esclarecimiento del asesinato de José Tendetza (líder shuar antiminero), y la reparación integral a las comunidades y a la naturaleza.

Como parte de la sociedad civil que fue testigo de la audiencia, estuvo la REPAM (Red Eclesial Panamazónica), en la persona de Mariángel Marco, Ursulina de Jesús.

La audiencia concluyó con una parte celebrativa y festiva, que llevó a las calles de Gualaquiza la reivindicación.

Así mismo, el domingo 3 de septiembre se hizo oír el reclamo de justicia en Tundayme, donde en las inmediaciones del campamento minero se formó un SOS humano, en que cada participante llevaba una careta de animales de la selva ecuatoriana, queriendo personificar así el grito de la selva ante tanta destrucción.

Una vez más la esperanza se sitúa en la sociedad civil que se organiza, analiza y reclama derechos.

Comunidad UJ La Bota, 30 de septiembre 2017